Un acuerdo golpista copiado del Parlamento chileno de 1973

Seis semanas antes del derrocamiento de Allende, la mayoría de derecha en el Parlamento chileno aprobó un acuerdo en el que desconocía al Ejecutivo y exhortaban a los militares a actuar al respecto. Cuarenta y tres años después, Henry Ramos Allup somete a consideración un texto casi idéntico. Derechas mellizas en Latinoamérica

Ramos será recordado como el impulsor de un golpe de Estado parlamentario

Cuarenta y tres años después la derecha venezolana repitió la historia de la derecha chilena. En un mismo escenario, el Parlamento, fue aprobado un acuerdo que convoca directamente y sin disimulo al desconocimiento de los otros poderes públicos, todo ello en nombre de la “democracia”.

En Chile ocurrió el 22 de agosto de 1973, apenas seis semanas antes de la ejecución del golpe de Estado de Augusto Pinochet. El acuerdo de la Cámara de Diputados de esta nación fue aprobado por 81 votos a favor y 47 en contra. La derecha agrupada en el Partido Nacional y en el Partido Demócrata Cristiano había logrado la mayoría parlamentaria mediante el sabotaje económico contra el Gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular. Estas dos organizaciones fueron el rostro político que justificó la asonada.

Parecen asombrosas las coincidencias con lo que ocurrió en la Asamblea Nacional de Venezuela el 14 de octubre del presente año. Pero no se trata de casualidad alguna. Detrás de toda la planificación del golpe contra la Unidad Popular están los mismos que han intentado derrocar la Revolución Bolivariana desde 1999: Estados Unidos y los grandes grupos económicos con sus aparatos políticos.

En Venezuela, el sabotaje económico y el uso de bandas criminales paramilitarizadas fueron el contexto de la victoria de la derecha el pasado mes de diciembre. Desde entonces no han cesado en el uso del Parlamento para tratar de destituir por la fuerza al presidente Nicolás Maduro. La guinda del pastel ha sido el calco y copia del acuerdo golpista del Chile de 1973. Es que son los mismos y si algo los caracteriza es su carencia de escrúpulos, el desprecio al pueblo y a la democracia.

En Chile pudieron esperar un próximo proceso electoral, en Venezuela pudieron activar la realización de un referéndum revocatorio. Prefirieron los atajos, la violencia, el crimen. En Santiago, la sesión parlamentaria golpista estuvo dirigida por Luis Pareto, de la Democracia Cristiana. En Caracas, fue Henry Ramos Allup, de Acción Democrática. Ambos representan a las élites que se repartieron el poder en nuestra América Latina desde el siglo 20. Mediante los votos en procesos electorales ventajistas y amañados o mediante dictaduras.

La cúpula de la Democracia Cristiana, autora del decreto golpista en Chile en el año 1973

TENEBROSAS SIMILITUDES

En primer término, comparemos los “considerando”, que son los fundamentos con base en los cuales se aprueban los acuerdos parlamentarios. En ambos casos los parlamentos denuncian la presunta usurpación de funciones del Ejecutivo y se autoproclaman como garantes de la democracia, desconociendo, en ambas circunstancias, que tanto Salvador Allende como Nicolás Maduro fueron electos por los pueblos de Chile y Venezuela.

El Congreso chileno expresaba:

*Considerando: Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece;

*Considerando: Que, para lograr este fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de derecho.

La Asamblea Nacional venezolana copiaba:

*Considerando: Que ante las manifestaciones autoritarias, de concentración de poder y atropello de los derechos fundamentales, esta Asamblea Nacional debe acompañar al electorado venezolano a asumir institucionalmente la defensa de la Constitución, de la democracia y de sus derechos.

*Considerando: Que el principio de representatividad del electorado tiene su máxima expresión en esta Asamblea Nacional, pilar fundamental de la democracia, por ser la manifestación de poder público más plural, que garantiza la mayor participación, legitimidad y fidelidad de la voluntad general.

*Considerando: Que la democracia venezolana enfrenta su más grave crisis, determinada por el desconocimiento de la autoridad de la Asamblea Nacional, por parte del Poder Ejecutivo y del Tribunal Supremo de Justicia, cuyas sentencias han pretendido anular sistemáticamente los actos parlamentarios, al punto de haber declarado, incluso sus actos futuros, “manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica” (sentencias de la Sala Constitucional N° 808 y 810 del 2 y 21 de septiembre de 2016). Que desconocer la autoridad de la Asamblea Nacional implica anular la voluntad del electorado que la eligió el 6 de diciembre de 2015 y negar la soberanía popular, así como la vigencia de la democracia, del Estado de derecho.

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ASÍ RECUERDAN UN GOLPE “EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA”

La mayoría de derecha de los parlamentos de Chile y Venezuela acordaron en cada oportunidad desconocer al Ejecutivo. En el caso venezolano, también se declaran en desacato ante los otros poderes públicos.

El acuerdo chileno adjudican al Presidente, a los ministros y a las Fuerzas Armadas “el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos precedentes”. El acuerdo de la Asamblea Nacional expresa desconocer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 333 de la Constitución, la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que contraríen los valores, principios y garantías democráticos y lesionen los derechos fundamentales.

En el caso chileno increpan a las Fuerzas Armadas a actuar contra lo que ellos denominan como la amenaza a la Constitución y al Estado de derecho, y pueden estar seguros de que Pinochet les hizo caso: “En razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores ministros, de la naturaleza de las instituciones de las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos”.

Además advertían a los cuadros militares que decidieran acompañar democráticamente al Gobierno de Allende que comprometían “gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución política y con grave deterioro de su prestigio institucional”.

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En el caso venezolano, la Asamblea Nacional dice “exhortar a la Fuerza Armada Nacional a exigirle al Presidente de la República y al Consejo Nacional Electoral que garanticen el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos y el respeto de la voluntad del electorado, especialmente del referéndum revocatorio y de las elecciones regionales”.

Y sin pena alguna por copiarse de sus colegas de la derecha chilena rematan: “Instar a la Fuerza Armada Nacional a coadyuvar en el restablecimiento del Estado de derecho, de la vigencia de los derechos fundamentales y de los principios democráticos. A tal efecto, deberá acompañar a los venezolanos en las exigencias tendientes a hacer efectivo el ejercicio de sus derechos políticos y velar por el sometimiento de los representantes del poder público a la Constitución, así como desconocer los actos del Ejecutivo Nacional y del TSJ que lesionen la Constitución”.