Golpistas pretendían vincular al presidente Chávez con la guerrilla colombiana

Pedro Carmona y la junta de facto tenían planificado anunciar el arresto del jefe de Estado Hugo Chávez / Difundirían otras medidas luego de que su régimen golpista se estabilizara, pero no pudieron porque el pueblo se los impidió

El presidente de facto de Venezuela, Pedro Carmona, cabecilla del golpe de Estado de abril de 2002, tenía planificado anunciar medidas de retaliación política de corte fascista contra el legítimo jefe de Estado, Hugo Chávez.

Entre sus artimañas estaba la de promulgar una ley que incluiría el arresto del presidente Chávez, supuestamente por su “cooperación política con la guerrilla colombiana”. Así se desprende de un artículo publicado por la periodista Ana Teresa Pérez, quien presentó el documento inédito.

Esta medida y otras decisiones serían anunciadas una vez que el nuevo régimen se estabilizara, pero la brevedad del proceso no permitió que se conocieran “las reglas del juego” del nuevo gobierno apoyado por Washington.

A continuación el extracto de los artículos que pretendían vincular al mandatario nacional con el grupo irregular del país neogranadino.

“Artículo 1: Se constituye una Junta de Gobierno de Tres (3) miembros que asumirá de forma inmediata a la promulgación de esta Acta las funciones del Ejecutivo Nacional, dentro del marco de la Constitución y las leyes vigentes, salvo por lo dispuesto en esta Acta, deponiendo de la Presidencia de República por violación de la Constitución de la República, traición a la patria y otros actos de corrupción en el ejercicio del poder al señor Hugo Rafael Chávez Frías, todo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 333 de la Constitución Nacional”.

“Artículo 10: Se arresta por 8 días al señor Hugo Rafael Chávez Frías y se le pone a la orden del Fiscal General de la República por la comisión del delito de Traición a la Patria, en vista de las evidencias públicas y notorias de cooperación política con la guerrilla colombiana, ejecución al margen de la Constitución y las leyes del Acuerdo de Cooperación entre la República de Cuba y Venezuela y otras denuncias presentadas ante la Fiscalía para que este órgano proceda conforme a derecho al enjuiciamiento sin mayores privilegios que los que corresponden a un ciudadano”.

Además de la violación de los derechos constitucionales sobre la figura presidencial legítimamente elegida por el pueblo venezolano, también la junta de gobierno de facto pretendía abolir los “Consejos Legislativos Estadales y Cámara Municipales para ser sustituidos por Consejos Regionales y Cámaras Municipales de Transición…”.

Asimismo, elegir nuevos funcionarios que representarían: la Fiscalía General, Contraloría General y Defensoría del Pueblo, así como también tenían planificado intervenir al Poder Electoral, entre otras acciones que atentaban contra el Estado de derecho.

(VTV/RadioDelSur)